Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
21 de agosto de 2020 | 14:21
Por Misión Verdad.
Las masacres en Colombia se están convirtiendo en moneda corriente, un legado que impulsó con creces, y bajo un esquema de economía y gubernamentalidad criminales, el ahora ex senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, procesado actualmente por delitos menores con respecto a otros sucesos que relataremos en esta nota.
Existen suficientes elementos sobre la mesa para que Uribe Vélez sea procesado ante la justicia colombiana, sobre todo por su relación directa con el incremento, en las últimas décadas, de la violencia paramilitar y de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército de Colombia.
Hasta 2013, Uribe acumulaba 276 investigaciones judiciales en su contra, pero el 94% de las mismas se habían “estancado” en la etapa preliminar. Durante años, el líder del partido Centro Democrático ha logrado zafarse de señalamientos sobre su responsabilidad por narcotráfico, paramilitarismo, asesinato, falsos positivos y masacres.
Los métodos para eliminar testigos que pudieran aportar pruebas contundentes están al nivel de los crímenes cometidos: desde sobornos, extradiciones a Estados Unidos o desapariciones de personas. Delitos que no tendrían consecuencias mayores en una figura política con tanto poder en algunas estructuras profundas del estado colombiano.
Sin embargo, el país fue sorprendido por el anuncio de su arresto domiciliario, dictado por la Corte Suprema, como resultado de una investigación sobre acusaciones de sobornos a ex paramilitares. La génesis de este evento fue una denuncia hacia el congresista Iván Cepeda, hace 8 años, que finalmente se revertió sobre Uribe. Un búmeran paradójico.
Este martes 18 de agosto, el ex presidente colombiano renunció a su cargo ante el Senado de Colombia, reclamando “violación de sus garantías procesales”.
Al tomar dicha decisión, Uribe estaría evitando ser juzgado por la Corte Suprema, ya que es la única institución que puede procesar a senadores.
Relucen las indagaciones del senador Cepeda sobre la intervención de Uribe en las masacres de El Aro y La Granja, delitos cometidos en el departamento de Antioquia (mientras él fue gobernador en la década de 1990) por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares que confiesan haber sido formados por el mentor político del actual presidente colombiano. Esa fue la razón por la que Uribe intentó una represalia contra el congresista.
Aunque por la gravedad de los sucesos y la contundencia de las pruebas, estos tres casos son los más sonados con relación a Uribe, lo cierto es que sus dos gobiernos presidenciales exhiben números alarmantes:
— De las 1 mil 982 masacres que registra el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia para el periodo de 1980 a 2012, alrededor de 300 fueron cometidas durante las gestiones institucionales oficiales de Uribe.
— En ese mismo periodo, los “falsos positivos” (personas civiles asesinadas por el ejército y luego presentadas como guerrilleros muertos en combate para mejorar las estadísticas) aumentaron en un 150%, según investigaciones de la Universidad de la Sabana y la Universidad del Externado.
Veamos, brevemente, datos de algunas masacres que forman parte del sombrío historial de responsabilidades criminales de Álvaro Uribe.
Masacre de La Granja (1996) y El Aro (1997)
A mediados del mes de junio, cinco campesinos fueron torturados y asesinados por una veintena de integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que invadieron el corregimiento La Granja (al norte de Antioquia) y amenazaron a la pequeña población con una “limpieza social” por supuesta colaboración con las FARC-EP.
Ninguno de los asesinados tenían vínculos con grupos guerrilleros, como lo determinó tiempo después fiscales que llevaban el caso.
Tras la matanza, 700 familias tuvieron que huir del territorio, bajo amenaza de los paramilitares.
Un año después, el 22 de octubre, otro ataque de 150 hombres de las AUC dejó 15 campesinos muertos en la localidad de El Aro, cerca de Medellín, de nuevo en Antoquia. 60 casas habían en ese caserío, 42 fueron quemadas por los paramilitares.
Durante 17 días, las AUC tomaron control del territorio, saquearon, torturaron y asesinaron ante la mirada impasible del gobierno de Uribe, que tenía helicópteros sobrevolando la zona cuando ocurría el exterminio, tal y como lo refieren los testimonios de quienes estuvieron presentes.
Antes del sanguinario episodio en El Aro, la comunidad había solicitado protección a la gobernación, entonces conducida por Uribe, la cual fue denegada. Además, testimonios de las familias que sobrevivieron decían que “fueron los paramilitares con el ejército que se metieron a El Aro”.
La justicia colombiana también determinó que en La Granja hubo cooperación de militares y policías de la región.
En 2015 la jueza María Consuelo Rincón hizo una solicitud para que Álvaro Uribe, ya como senador, fuese investigado por “acción u omisión” en las masacres de La Granja y de El Aro.
Que Uribe haya permitido el funcionamiento de las células paramilitares y no ordenara a los agentes estatales a combatirlas, es de por sí un fuerte indicador de sus nexos con ellas.
Francisco Villalba, uno de los condenados por la masacre de El Aro, confesó ante las autoridades que el ex general Carlos Alberto Ospina fue cómplice en ambos exterminios de Antioquia. También acusó a Uribe de autor intelectual, aunque después se retractó.
Ospina sería designado comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en la primera administración de Uribe. A Villalba lo asesinarían a balazos en 2009, cuando recién había pasado a cumplir arresto domiciliario.
Otras declaraciones de paramilitares volverían a mencionar que “las Autodefensas tuvieron apoyo de empresarios, la Policía, el Ejército y la Gobernación de Antioquia”.
Las masacres en San Roque (1996–1997) y el asesinato de Jesús María Ovalle (1998)
El 13 de junio de 1996, cuatro personas fueron asesinadas por hombres del Bloque Metro de las AUC. Este caso es el más mencionado de una serie de masacres que hubo en varios caseríos de San Roque, ejecutadas por el grupo paramilitar, que tenían como objetivo declarado erradicar al ELN de esa zona.
El testimonio de Juan Guillermo Monsalve, entrevistado por el senador Iván Cepeda en 2011, es fundamental para conocer las pruebas que involucra a Álvaro Uribe en la forjación de Bloque Metro.
Monsalve trabajaba en la hacienda Guacharacas de los Uribe Vélez. Le dijo a Cepeda que, como otros 54 trabajadores de la finca, fue ordenado por sus jefes a realizar exterminios en San Roque con el Bloque Metro, como retaliación a ataques contra su finca y robo de ganado, atribuidos a la presencia del ELN.
Concretamente, declaró que Uribe había ordenado la matanza que ocurrió en 1996. En la conversación grabada con Cepeda, también fue salpicado el hermano de Álvaro, Santiago Uribe Vélez. Hubo varias reuniones donde planificaron la “limpieza social”, junto con Santiago Gallón Henao, y los hermanos Luis Alberto Villegas y Juan Villegas, cada uno de ellos vinculados al negocio de la ganadería, pero también del narcotráfico y el paramilitarismo.
Según Monsalve, Uribe estaba encargado de “lo militar”.
“De 1996 al 31 de diciembre de 1997, fueron asesinados más de 150 ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores”, dijo Jesús María Valle Jaramillo, abogado y activista de los derechos humanos, antes de ser asesinado, el 27 de febrero de 1998, por la banda de sicarios “La Terraza”.
Al seguir los casos de La Granja, El Aro y San Roque, Valle Jaramillo denunció un “acuerdo tácito” entre “el general Carlos Alberto Ospina; el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán; el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez; Pedro Juan Moreno, ex secretario de Gobierno; y Carlos Castaño, comandante paramilitar”.
Instituciones colombianas y paramilitarismo unidos para contraatacar a los “temibles” campesinos que “asediaban” a indefensos ganaderos y narcotraficantes.
En 2018, el Tribunal Superior de Medellín condenó a 30 años de cárcel a los autores materiales del homicidio de Jaramillo y pidió que se abriera una investigación contra Uribe.
Fuente: Mision Verdad.
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