El Presupuesto 2022 estima una recuperación económica del 4%, pero la situación de bajos salarios, precariedad laboral, pobreza y marginalidad, exigen una mayor intervención estatal y detraer recursos que inmoviliza el BCRA como son las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) y los pases pasivos, que en conjunto superan los 4,15 billones de pesos, para financiar proyectos y obras que generan trabajo y dinamicen la actividad económica.
21 de septiembre de 2021 | 11:30
Por Horacio Rovelli*
El Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022 dice que en el corriente año 2021 el PIB va a crecer un 8%. Y plantea que solo es posible la estabilización mediante una recuperación de la actividad económica, donde el Estado continúe jugando un rol central en pos de sostener y apuntalar la recuperación económica y que llegue a todos los sectores.
Pero esto no es cierto, el mismo INDEC reconoce que existe en nuestro país un 42 % de pobres y, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación reconoce que de los casi 12.000.000 de trabajadores registrados, 2.500.000 personas perciben una remuneración neta menor al valor de la Canasta Básica Total[1]. Esto es, trabajan y son pobres. ¿Cuál es la estabilidad?
El Mensaje del Presupuesto Nacional 2022 se compromete a garantizar la protección de los segmentos sociales que más están padeciendo la situación económica corriente del país, en un marco de política fiscal expansiva, y a establecer condiciones para el desarrollo de sectores productivos con potencial para generar un crecimiento de los niveles de generación de divisas, lo que resulta necesario para que nuestro país pueda sostener el crecimiento de los niveles de gasto reales sin tropezar con situaciones de crisis de balanza de pagos. Esto también es falso.
La Argentina desde 1943 crece solamente si crece su mercado interno, porque pese al gobierno de Cambiemos y a la pandemia, más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno.
La Argentina en lo que va de este siglo XXI, desde el 1° de enero de 2000 al 31 de agosto de 2021 tiene un superávit comercial acumulado de 190.000 millones de dólares, partida que mayoritariamente se utilizó para pagar deuda y para fugar capitales. La crisis de la Balanza de Pagos la generan la deuda y la fuga, no la economía real que es fuertemente superavitaria.
El año pasado las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y para este año 2021 el mismo Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto estima que el superávit será de 12.878 millones de dólares. Mayoritariamente exportamos productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (harina, pellets, aceites, biocombustibles) que generan poco trabajo y cuyos precios se internacionalizan, obligando al pueblo argentino a pagar el precio de exportación para consumir esos bienes.
El mejor ejemplo es el de la carne vacuna, cuyo precio es uno de los que más subió en la gestión del actual gobierno, más de un 120% en promedio, cuando la inflación acumulada es del 70% y, la devaluación del tipo de cambio fue del 66,3%.
¿Cómo se detuvo su precio? Con tres medidas combinadas a la vez:
Se ajustó a una tasa menor el tipo de cambio;
Se impuso un cupo de exportación;
La Dirección General de Aduanas después de 18 meses de no hacer nada, decidió investigar y observó que 19 grandes frigoríficos exportadores vendían a Uruguay a un precio muy bajo carne y es más, dentro de esas ventas era muy alto el porcentaje de carne no apta para consumo humano. Pero se demostró que era toda carne de exportación para personas y no para animales (tiene una retención del 4% en lugar del 9%) y que a su vez desde Uruguay esos envíos se reexportaban a un precio mayor (eludiendo el pago correspondiente de la retención) a China y a los demás países importadores.
En lugar de palabras grandilocuentes, debería decirse que se priva al país de consumir bienes para priorizar las exportaciones a como dé lugar, como por ejemplo la venta de ganado en pie[2], resultado de ello, antes de tomar por fin las medidas necesarias para frenar la suba del precio de la carne, al faenarse 3,4 millones de toneladas de carne vacuna por año, se le permitió a los grandes frigoríficos exportar un millón de toneladas, por ende, las 2,4 millones restantes, divididas por los 46.000.000 de habitantes, dan un consumo per cápita de 50 kilogramos anuales, que es el registro más bajo de los últimos 100 años.
Sostenibilidad fiscal
En el Mensaje del Presupuesto plantean que el Acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Cambiemos en 2018, obligaría a pagar entre amortización de capital e intereses el 4 % del PIB (unos 20.000 millones de dólares), que representa casi la quinta parte del gasto total estimado para el año 2022. Pagar dicha deuda, obligaría a postergar prioridades de política pública esenciales, realizando un ajuste del gasto inconcebible en una sociedad democrática.
Por ende, explica el Mensaje, se ejecutó y se ejecuta la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y la normalización del mercado de deuda en moneda local, que hace que el pago de los intereses de la deuda pública disminuya dentro del gasto público total, hecho que permite priorizar otros gastos y contribuir al financiamiento destinado a la atención de la pandemia COVID-19.
Los intereses netos pasaron de representar un 3,4% del PIB en 2019 ($724.285 millones) a 2% del PIB en 2020 ($542.873 millones). Para 2021, el Presupuesto del Sector Público Nacional de ese año estimó que se redujeran aún más, a un 1,5% del PIB ($544.718 millones) y para 2022, se prevé una erogación de $ 952.432,6 millones que representa el 1,58% del PIB (PIB estimado en $ 60.177.212 millones).
Para 2022, el déficit primario presupuestado de la Administración Nacional alcanza un nivel equivalente al 3,628% del PBI. Luego de los ingresos en concepto de Rentas de la Propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se establecen las necesidades de financiamiento en aproximadamente 2.038.942,2 millones de pesos, equivalentes al 3,4 % del PBI.
Estas necesidades serán cubiertas mediante la emisión de deuda pública en pesos en el mercado local, adelantos transitorios por parte del BCRA en el marco de los límites establecidos por la normativa vigente[3], y financiamiento aportado por organismos internacionales.
Para ello, las letras de corto plazo en pesos se refinanciarán en el mercado a través de la emisión de instrumentos de similar plazo de acuerdo al perfil de sus tenedores, mientras que en el caso de los bonos en pesos de mayor plazo se emitirán nuevos instrumentos que buscarán extender el perfil de vencimientos más allá del año 2022. A su vez se apuntala su liquidez en las bolsas de comercio del país de los títulos del Tesoro por medio del Programa de Creadores de Mercado permitiendo su compra por inversores minoristas en las colocaciones primarias de deuda del Tesoro Nacional.
Respecto a los vencimientos en moneda extranjera, se proyecta el pago de servicios de intereses por un monto de aproximadamente 1.386 millones de dólares, correspondientes a los títulos emitidos en los canjes de deuda con legislación extranjera y legislación local efectuados durante el año 2020.
En relación a los pagos de capital correspondientes al acuerdo Stand-By vigente con el Fondo Monetario Internacional, el Mensaje sostiene que se espera alcanzar un nuevo acuerdo con condiciones financieras razonables durante el ejercicio 2022 que permita extender los vencimientos más allá del año 2024.
Presupuesto Ejecutado 2019-2020 Cuenta de Inversión Ejecutado a Julio 2021 en Base Caja. En millones de pesos corrientes
En síntesis
El Proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional infiere que el PIB va a crecer un 4% que, sumado al 8% del corriente año 2021, permitiría superar el descenso del 2% de 2019 y del 9,9% de 2020. Pero lo hace con una economía peor distribuida, con bolsones de pobreza y con una gran heterogeneidad en los sectores que crecen y los que son desfavorecidos por una política económica orientada al sector externo en desmedro del consumo nacional, sin contemplar que el verdadero acrecentamiento de los bienes y servicios se realiza si se potencia el mercado interno, la combinación de más personas ocupadas y con mejores remuneraciones son la garantía de un crecimiento sostenible.
Máxime cuando el Ministerio de Agricultura de los EEUU estima que va a seguir creciendo a una tasa del 5 y 6% anual la demanda de productos agrarios y agro industriales en el mundo, que requeriría modificar la política de derechos de exportación (retenciones) para desacoplar los precios internos y externos y generar más recursos al fisco. Sin embargo, el proyecto de ley sustituye el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley 27.541 y prorroga hasta 2024 el límite para modificar las alícuotas que son del 33% para la soja (de los cuales 30% va al Tesoro y 3% a un fondo de estímulo a los productores), del 12% para los demás granos y del 9% para la carne.
Finalmente estima una inflación del 33% para 2022 (y reconoce que este año 2021 va a ser del 45,1% y no del 29% estimado en el presupuesto anterior) y el precio del dólar oficial de $ 131,1 en diciembre de 2022.
Así, el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022 no se aparta un ápice de lo realizado por este gobierno. La situación de bajos salarios, precariedad laboral, pobreza y marginalidad, exigen una mayor intervención estatal y detraer recursos que inmoviliza el BCRA como son las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) y los pases pasivos, que en conjunto superan los 4,15 billones de pesos, para financiar proyectos y obras que generan trabajo y dinamicen la actividad económica.
Notas
[1] Canasta Básica Total que en este mes de septiembre de 2021 es de unos $ 70.000.- para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos (sin contemplar el pago del alquiler).
[2] La carne de bovino en pie se refiere al animal vivo para su venta, ya sea para engorda o para ser sacrificado.
[3] No puede superar el 12% de la Base Monetaria y el 20% de la recaudación tributaria anual al momento de solicitar el Adelanto de Fondos al Tesoro.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Fuente: Estrategia.
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