Al estilo Venezuela, Perú amaneció ayer con dos presidentes. En realidad, dos personas juramentadas para el cargo, pero solo una de ellas con poder real. Sin embargo, y a diferencia de Venezuela, antes de que terminara el día, ya había de nuevo un solo presidente.
Por un lado se encontraba el presidente Martín Vizcarra, que ejerce el cargo desde marzo de 2018 y que el lunes, amparándose en la Constitución, disolvió el Congreso dominado por el fujimorismo y convocó nuevas elecciones legislativas para enero, quien para todo efecto tiene el control del poder.
Del otro lado aparecía la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que el lunes en la noche fue juramentada como presidenta por la mayoría parlamentaria que se resiste al cierre del Congreso. Minutos antes esa mayoría había suspendido de su cargo a Vizcarra. Un día después, en la noche de ayer, Aráoz renunció a su "presidencia". En realidad, nunca tuvo algún poder real, fue presidenta solamente en los papeles de la mayoría parlamentaria fujimorista.
Atrincherados en el Congreso, en la noche del lunes los legisladores de la mayoría armaron una sesión en la cual decidieron la suspensión por un año del presidente Vizcarra, al que acusaron de infracción a la Constitución alegando que había cerrado el Congreso en forma ilegal.
Estaban solamente los de la mayoría. Pero no tenían los 87 votos que necesitaban, dos tercios del total del Parlamento unicameral, para destituir al presidente y forzaron la figura de la suspensión temporal por un año, para lo que necesitaban solamente 66 votos. Suspendieron a Vizcarra sin juicio político y juramentaron como presidenta a la vicepresidenta Aráoz, que dio un discurso en el que dijo que su gobierno apostaría por el diálogo y la unidad. Pero ese gobierno nunca existió. El auditorio monocorde la aplaudió. Parecía una comedia. “La presidenta fantasmal”, podría llamarse.
Los representa de la izquierda peruana, el Frente Amplio, denunciaron ante la Justicia a Aráoz por usurpación de funciones. Horas después de esa denuncia llegó la renuncia de Aráoz. Antes de dimitir a un cargo que en la realidad nunca tuvo, había declarado a la agencia Reuters que sentía que “hoy día buena parte del Perú me está odiando”. Fue un reconocimiento de la impopularidad de las posturas que defiende, de la mano del fujimorismo.
La crisis política por esta guerra de poderes podría pasar a resolverse en los tribunales. El presidente puede cerrar el Congreso cuando éste le niega dos veces el voto de confianza. Para el gobierno esto ocurrió en los hechos, aunque formalmente no se lo hayan negado, el lunes cuando la mayoría parlamentaria eligió un magistrado del estratégico Tribunal Constitucional (TC) antes de tramitar el voto de confianza pedido por el gobierno condicionado a la suspensión de ese proceso de elección. Los legisladores de la mayoría -o ahora ex mayoría- parlamentaria, rechazan esa interpretación del gobierno sobre el voto de confianza. En los hechos la disolución del Congreso ha entrado en vigencia. La controversia sobre la legalidad del cierre del Congreso podría llegar al TC para que éste resuelva.
Hay un debate entre constitucionalistas, no ajeno a las simpatías políticas de los expertos, sobre el tema. Unos cuestionan el cierre del Congreso, otros lo defienden como constitucional. La OEA emitió un comunicado pidiendo que el Tribunal Constitucional peruano se pronuncie sobre la legalidad del cierre del Congreso. A un probable fallo del TC favorable a sus intereses se aferra el fujimorismo, como última posibilidad para revertir una situación que parece consumada.
En ese sentido, para el fujimorismo es clave que asuma su cargo el magistrado del TC que el lunes designaron al caballazo, en una elección muy cuestionada, cuestionamientos que ponen en duda pueda asumir. Las estimaciones señalan que en el actual TC el fujimorismo tendría las simpatías de tres de sus siete miembros, al menos hasta ahora. Con uno más tendrían mayoría.
Al dar por rechazado el voto de confianza que su gobierno le pidió al Congreso, Vizcarra debe formar un nuevo gabinete ministerial. Ha designado como nuevo jefe del Consejo de Ministros a quien era su ministro de Justicia, Vicente Zeballos, uno de los puntales del presidente en la reformas políticas y judiciales que pretende llevar adelante, lo que agudizó su enfrentamiento con el Congreso fujimorista.
El Parlamento amaneció ayer rodeado por la policía, que impedía el ingreso de la gente, que salio a protestar contra la acción del fujimorismo, a las calles cercanas, la idea era calmar la situación y evitar un escenario de violencia. El fujimorismo acusó al gobierno de estar detrás de esa "agresión", la de los manifestantes.
A diferencia del golpe de Estado de Fujimoria, esta vez no se cerró el Congreso con los tanques como hizo el ex dictador peruano, sino apelando a facultades constitucionales, ademas en el golpe fujimorista se capturaron por asalto todas las instituciones y los medios de comunicación, algo que ahora no ha ocurrido, Fujimori dio un golpe para quedarse en el poder, Vizcarra se irá en menos de dos años, es mas quiso irse antes pero el fujimorismo no le permitió adelantar las elecciones.
Ahora los herederos de aquel golpe y de su posterior dictadura, desean hacer un golpe de estado, y no les sale ni la de Gauido que al menos un puañdito de gobiernos lo reconoce como presidente interino.
Con información de Pagina 12.
Comments