Hace seis días que asumió Bolsonaro en Brasil y ya tomó una buena serie de medidas reaccionarias. Cumpliendo con el programa propuesto en su campaña electoral, Bolsonaro llego para ir contra los derechos de la clase obrera, atacar explicitamente al movimiento de mujeres, el colectivo LGBT y la comunidad originaria.
La Jefatura de Gabinete ya despidió 320 trabajadores y trabajadoras. "Limpiar brasil de la ideología comunista" fue la excusa. La realidad es que se analizarán en qué período fueron contrataron los trabajadores. Si obtuvieron el empleo bajo el gobierno de Lula o el de Dilma, serán efectivamente despedidos. Si fueron contratados durante el gobierno de Temer, supuestamente recuperarán su empleo. Un claro ejemplo de persecución política, pero ademas una medida reaccionaria, como si todo los empleados contratados por el gobierno del PT fueran "comunistas".
El Consejo de Control de Actividades Financieras, que se encarga supuestamente de combatir el lavado de dinero y actividades financieras “irregulares”, dejará de estar en manos del Ministerio de Economía y estará bajo la tutela del reciente fusionado Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Al frente de este nuevo gabinete está a cargo el juez Sergio Moro, quien fuera el responsable de la Operación Lava Jato, del encarcelamiento arbitrario hacia Lula justo cuando anuncia su candidatura. Los especuladores y banqueros dejan de tener al Ministerio de Economía como fiscalizador de sus actividades. Le dan así un carácter puramente judicial a sus múltiples y universales fraudes financieros, como si no se tratara de un problema que atañe al futuro económico de todo Brasil.
La Secretaría de Gobierno tiene ahora entre sus competencias la posibilidad de “supervisar, coordinar, vigilar y seguir las actividades y las acciones” de las organizaciones no gubernamentales que funcionan en Brasil. Todavía están por verse los alcances de esta medida pero hay acuerdo incluso entre la burguesía crítica de Bolsonaro de que se trata de un fortalecimiento del poder de control del Ejecutivo sobre los órganos de la sociedad civil. Hay que tener en cuenta que Brasil tiene una larga tradición de instituciones formalmente democráticas que en los hechos ejercen un control policial sobre la población y sus organizaciones. Así funcionó la dictadura militar durante más de dos décadas, disfrazando su régimen de facto de uno “republicano”.
La Comisión de Amnistía, el organismo responsable de la reparación y la memoria por las víctimas de la última dictadura militar de Brasil, pasará a manos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que dirige la pastora evangélica Damares Alves. Es hartamente pública la defensa de Bolsonaro de la dictadura militar junto a sus atrocidades. Como ejemplo queda lo que dijo en oportunidad de su voto en Diputados a favor del Impeachment a Dilma: “Por la memoria del Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff”. Ustra fue un reconocido torturador y asesino, el primero en ser sentenciado por los tribunales. Sin duda, esta medida va en el camino de que la Comisión pierda toda función real.
La población LGTTBI de Brasil ha sido excluida de los programas de Derechos Humanos. Bolsonaro y la ministra Alves ya tomaron una medida en favor de los filo fascistas que, al calor de la campaña electoral del actual mandatario, ya venían hostigando y agrediendo a homosexuales, lesbianas y trans por las calles de Brasil.
Los siguientes ministerios han sido suprimidos o han pasado a depender de otras carteras: Trabajo; Cultura; Seguridad Pública; Deportes; Ciudades; Industria; Comercio; Exterior y Servicios; Transportes, Puertos y Aviación Civil. Esto representa un ajuste presupuestario brutal, el despido de miles de trabajadores que se desempeñaban en las áreas recientemente cerradas y la potencial privatización de cantidad de competencias del Estado, como el transporte. Al estilo Macri, suspendió el Ministerio de Trabajo, esto significa un ataque directo a los derechos laborales.
La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que dependía del Ministerio de Justicia, pasó a manos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que dirige la pastora evangélica Damares Alves, una reaccionaria enemiga de los derechos humanos y de las mujeres. Como si esto fuera poco, la identificación, demarcación, registro y delimitación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, y donde viven también las comunidades de ex – esclavos negros, dependerá del Ministerio de Agricultura. Esto es terrible porque esta dependencia está en manos de Tereza Correa, una terrateniente que viene de desempeñarse como diputada por un partido que defiende los intereses de las patronales rurales. Esta medida es entregarle el Amazonas y la vida de las comunidades indígenas a los deforestadores y latifundistas, que tienen su propio bloque parlamentario, aliado de Bolsonaro.
El salario mínimo estipulado para el 2019 por el reaccionario gobierno de Temer era ya de escasos 1006 reales. Pero nada parece ser suficiente para Bolsonaro, que decretó un recorte a dicha propuesta y llevó ya el salario mínimo a 998 reales. Este ataque puro y duro a las condiciones de vida de la clase obrera brasileña afectará a por lo menos 43 millones de personas.
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