El Gobierno se compromete a iniciar un plan de reforma jubilatoria orientado a incrementar la edad de la vida laboral de las personas. También habrá una serie de cambios legislativos en defensa de la competencia, la ley penal cambiaria, medidas antilavado y políticas para desincentivar las criptomonedas.
21 de febrero de 2022 | 16:13
El pre acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye una serie de ajustes presupuestarios camuflados bajo el concepto “racionalización del gasto”. El Gobierno reconoce la dificultad del contexto internacional para sumar la cantidad de dólares necesarios que permitan contentar al Fondo y promover, al mismo tiempo, un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Quizás sea por eso que estipulan un crecimiento del PBI entorno al 1,7 por ciento en el mediano plazo. El borrador fue enviado a las principales autoridades del Congreso y al Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el pasado 12 de febrero.
Como parte de lo negociado, el Poder Ejecutivo también se comprometió a enviar modificaciones legislativas, entre ellas la ley penal cambiaria, defensa de la competencia, lavado de activos y un régimen de beneficiarios finales. El Banco Central desalentará el uso de criptomonedas.
Ajuste
Bajo la categoría “otros gastos pendientes”, el Gobierno plantea la necesidad de racionalizar determinadas erogaciones con el objetivo de liberar recursos para usos prioritarios. Más allá del enunciado, las políticas redistributivas parecen quedar lejos. Uno de los ítems donde se pondrá la lupa es el sistema previsional, a pesar que públicamente se había dicho que el Fondo no se metería con este tema.
“Realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”, puede leerse en el texto al que accedió BAE Negocios.
El Poder Ejecutivo sabe que para iniciar el estudio de esta reforma deberá darse una “discusión más amplia y profunda”. Así se lo hizo saber a las autoridades del Congreso. Como base de partida, el análisis debería finalizarse para septiembre de 2022.
En el sendero de la racionalización del gasto, el Poder Ejecutivo también pretende “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad.”
Que la pauta de la evolución salarial del sector público se ajuste a la evolución del producto, sería una suerte de compromiso para no alterar la distribución del ingreso. Es decir, que los salarios crezcan solo por productividad, quizás con la intención de convertirse en una política rectora para el sector privado.
La introducción del borrador del Memorando de Política Económica y Financiera tiene 18 carillas y acompañará el Memorando de Entendimiento técnico
Cambios legislativos
Dentro del paquete legislativo, además de las leyes de promoción de inversiones para la agroindustria, hidrocarburos y automotrices (que solo sumarían 1000 millones de dólares extra hasta 2030 según el documento bajo análisis), el Gobierno se comprometió a realizar determinadas modificaciones en Defensa de la Competencia, el régimen penal cambiario y la normativa contra el lavado de activos.
En el capítulo “política monetaria y cambiaria”, el Poder Ejecutivo se comprometió a mejorar el marco de sanciones con la autorización de multas administrativas “para hacer más eficiente el marco de sanciones y mejorar la oportunidad de aplicación de las medidas de control”.
“La propuesta de modificación al régimen penal cambiario se presentará al Congreso a más tardar en diciembre de 2022. Además, se examinará la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina”, puede leerse en el documento base del acuerdo con el FMI.
Defensa de la Competencia
También se proponen modificaciones a la ley de defensa de la competencia con el objetivo de “reducir barreras de entrada”. “Para fomentar la actividad inversora y la creación de empleo en el sector privado, estamos avanzando en el proceso de creación de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) en línea con la Ley de Defensa de la Competencia”. El objetivo sería que la ANC esté conformada para junio de este año, luego de que sus autoridades sean confirmadas con pliegos aprobados por el Senado.
Co gobierno
El pre acuerdo incluye varios puntos que se trabajarán en conjunto con el Banco Mundial, el BID y el FMI. La idea de un co gobierno no es tan lejana. Como en la década del ´90, la “ayuda social focalizada” estará bajo análisis en conjunto con los “bancos de desarrollo”.
Medidas anti lavado
En consulta permanente con el staff del FMI, el Gobierno también se comprometió a modificar la legislación vinculada al lavado de activos.
Según lo redactado, se pondría foco en el fortalecimiento del régimen sancionatorio, el registro de las entidades declarantes sujetas a las obligaciones de las normas antilavado, como así también una actualización de la información sobre la identidad del beneficiario final dentro de los registros de las empresas. El compromiso asumido es presentar los cambios normativos en abril de este año para que puedan ser analizados durante el período de sesiones ordinarias.
A su vez, para salvaguardar la estabilidad financiera, el Gobierno adoptaría medidas para desalentar el uso de criptomonedas “con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación.”
Pocas certezas
Los principios rectores del acuerdo incluyen la reducción del déficit fiscal, los desembolsos que hará el organismo para cancelar el stand by del macrismo – junto a las revisiones trimestrales - y la acumulación de reservas para el repago de los 44.000 millones de dólares.
El Gobierno apuesta a que con los primeros desembolsos del Fondo llegue una pequeña cantidad de dólares para robustecer las reservas del BCRA. Serían algo así como el 0,7 por ciento del PBI (3400 millones de dólares), sumado a otro 0,4 por ciento del producto (2000 millones) de organismos multilaterales, a desembolsar entre 2022 y 2024.
La segmentación de los subsidios en CABA y AMBA sólo representarían un ahorro del 0,08 por ciento del producto. Con precios internacionales de la energía por las nubes, las reservas seguirán drenando por la cuenta energética.
¿Qué pasa si los desembolsos de los organismos multilaterales son menores a los prometidos?, se preguntan en Economía. Eso implicaría estar a tiro de default durante los 37 vencimientos de capital que quedan por delante.
La mayor certeza hasta el momento es que todo el programa económico del Gobierno nacional peca de incertezas.
Fuente: BAE Negocios.
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