Es bien sabido que el Estado de Colombia viola los Derechos Humanos. Los juicios a Uribe y sus funcionarios por colaborar con el terrorismo paramilitar no son nada nuevo. El asesinato y la persecución a lideres de la izquierda, han sido denunciado desde loas organizaciones de derechos humanos, hasta por el mismísimo criminal y narcotraficante Pablo Escobar, que ni tenia vínculos con la izquierda, pero conocía muy bien al gobierno y sus paramilitares. Nosotros hablaremos un poco del Estado fallido de Colombia, y su constante violaciones a los derechos humanos. Denunciamos que el gobierno de Colombia persigue y asesina lideres opositores y dirigentes sindicales y campesinos.
En este articulo hablaremos en profundidad sobre lo que ocurre en Colombia, por lo tanto va ser un poco extenso. Vamos al grano y comenzamos con el articulo.
Por Brian Panizza, equipo Agitación.
Origen del conflicto armado
El conflicto armado en Colombia tiene su antecedente en las guerrillas de tendencia liberales, surgidas como reacción a la brutal persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador entre 1946 y 1953. El detonante de los movimientos de resistencia ocurrieron el 9 de abril de 1948, cuando el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, hecho que dio origen a una revuelta popular conocida como "El Bogotazo" y a un largo periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos 300 mil muertos conocido como La Violencia.
Tras un periodo de régimen militar de cuatro años, entre 1953 y 1957, producto de un golpe de Estado apoyado por los conservadores, el Partido Conservador y el Liberal formaron el Frente Nacional, un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años dejando al margen a otras fuerzas políticas y consolidando un fuerte bipartidismo burgués. En el gobierno de Guillermo León Valencia surge el decreto 3398 de 1965, el cual da la iniciativa a los civiles a armarse y protegerse de las guerrillas. Nacen asi las fuerzas paramilitares.
En la década de 1970, las guerrillas buscaron ganarse el liderazgo en el campesinado brutalmente agredido tanto por el gobierno como por los paramilitares y narcotraficantes. Las fuerzas guerrilleras buscaron legitimar su presencia en la vida social y política de Colombia, preparando al campesino para la revolución socialista, influenciada por Cuba. Como respuesta a estas movilizaciones guerrilleras, el Estado colombiano desarrolló, acogiendo la estrategia norteamericana llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", varias acciones concretadas en distintas etapas: el Plan Lazo en 1962, mediante el cual se intentó asfixiar militarmente los últimos reductos de las guerrillas liberales, además de combatir brutalmente a los nuevos grupos armados de tendencia marxista-leninista. Ante el accionar de grupos guerrilleros de izquierda que empezaron a hacer presencia en lugares apartados donde el estado colombiano no la ejercía, tales como las FARC,el ELN, el EPL y el M19, se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978, el cual contenía los supuestos fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la "defensa nacional", mecanismos para garantizar la "defensa civil" y la creación de "autodefensas". Con base en dichas normas, los encargados de la fuerza pública colombiana adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas de conflicto con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara en el conflicto armado y ayudara a las fuerzas de gobierno a derrotar a los grupos insurgentes.
En 1979, el cuarto frente de las FARC-EP, secuestraron al padre de los "hermanos Castaño Gil", Jesús Castaño, en Amalfi, Antioquia, y lo asesinaron pese a que sus hijos habían pagado la mitad del rescate exigido por los captores. En 1981 es secuestrada Martha Nieves Ochoa hija de Fabio Ochoa Restrepo (hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez) por la guerrilla del M-19 en la ciudad de Medellín y después el Cartel de Medellín crea un grupo terrorista llamado MAS (Muerte A Secuestradores).
Ante las críticas presentadas nacional e internacionalmente frente al Estatuto de Seguridad, debido a su contenido invasivo en el tema del respeto de los derechos humanos y la involucración de civiles en el conflicto interno, el estado colombiano desarrolló la Estrategia del Conflicto de Baja Intensidad en 1982, el cual demostró su ineficacia para responder a la amenaza representada por el aumento de la acción de los grupos ilegales de izquierda y los nuevos grupos ilegales de la ultra derecha, que ellos mismos habían creado. Este incremento, traducido en mayor cantidad de acciones bélicas, atentados y masacres, se logró mediante la infiltración del negocio del narcotráfico como medio de financiación. Los grandes capitales obtenidos de este negocio, primero recaudados mediante el cobro de cuotas a los grupos narcotraficantes por el uso de rutas, insumos y campos para el cultivo, llevaron a que los líderes guerrilleros y paramilitares se apropiaran del negocio, en la medida en que el estado incrementaba la persecución a los actores de este negocio ilegal, y obteniendo un fortalecimiento de estos grupos en magnitudes nunca antes vistas. Su origen se da cuando miembros del M-19 en Antioquia, secuestraron a Martha Nieves Ochoa hermana de los famosos narcotraficantes del cartel de Medellín los "Ochoa Vásquez" y hija de Fabio Ochoa Restrepo a finales de 1981, los capos reaccionaran con todos los recursos a su alcance creando el MAS (Muerte A Secuestradores), organización que sería el germen del moderno Paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aporto armas, dinero y hombres, poniéndolos a las órdenes del más activo y poderoso de los narcos, que ya entonces contaba con una fuerte organización militar bajo su mando, Pablo Escobar Gaviria. Tras matar a unas 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de estos, Ochoa fue liberada a principios de 1982. Además pronto el modelo del MAS se aplicaría a la región del Magdalena Medio donde nació la ACDEGAM (Asociación campesina de ganaderos y agricultores del Magdalena medio), una fuerza de autodefensa legal dirigida por el líder liberal Pablo Emilio Guarín y Henry de Jesús Pérez, encargada de combatir la presencia de la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Los homicidios y masacres se multiplicarían ahí a partir de 1982.
José Gonzalo Rodríguez Gacha, enemistado con las FARC a causa de la destrucción de algunos de sus laboratorios en el sur del país y del robo de dinero en efectivo y pasta base de coca en 1983, tomó las banderas de la contra-insurgencia y empezó a apoyar con cuantiosos recursos, entrenamiento y armas a los paramilitares de Puerto Boyacá, nombrada a la sazón capital anti-subversiva de Colombia. Rodríguez Gacha apoyó las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá bajo el mano de Fidel y Carlos Castaño Gil.
El apoyo del gobierno a los Paramilitares se ha mantenido desde siempre. El Plan Colombia en 2001 permitió recaudar los fondos económicos que permiten actualmente operar la Política de Seguridad Democrática que inició en 2002, con la cual se ha modernizado la fuerza pública, se ha aumentado el pie de fuerza en el país y se pasó de un cambio estratégico de posición defensiva hacia abierto contraataque contra los grupos irregulares.
En el mes de Julio del año 2004 los jefes Paramilitares Salvatore Mancuso Gómez, Ramón Isaza y Ernesto Baez fueron escuchados por políticos en el Congreso de la República de Colombia donde justificaron las masacres de millones de campesinos indefesos que supuestamente eran colaboradores, cómplices o aliados de las Guerrillas de las FARC-EP, ELN, EPL, M-19, Quntín Lame, ERP, Ivan Cepeda saco en una hoja de papel la imagen de su padre y una mujer valiente Lilia Solano dijo "Aquí esta una de las fotos de los miles de asesinados y desaparecidos de las victimas de militares y paramilitares, el Estado creador de Paramilitarismo responda por los crimenes" (Los Tiempos de Pablo Escobar Lecciones de una Época día Domingo 21 de Junio de 2012).
Autodefensas Unidas de Colombia
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron una organización paramilitar "contrainsurgente" y terrorista con tendencia de extrema derecha, que participó en el conflicto armado interno en Colombia, siendo a la fecha el grupo criminal que más víctimas ha dejado en Colombia, con 94.754 asesinatos atribuidos. Se consolidó como agrupación paramilitar a finales de la década de 1990 y su principal objetivo era combatir a organizaciones de izquierda guerrilleras como las FARC-EP, el ELN o el EPL en varias regiones de Colombia, como así a todos los partidos de la izquierda colombiana, sea Unión Patriótica, el Partido Comunista, o incluso partidos de izquierda socialdemócrata. En 2006 se desmovilizó por completo esta organizacion terrorista.
Las AUC eran patrocinadas por grupos ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones donde operaban, debido a las amenazas y extorsiones de las guerrillas. Más del 70 % de sus ingresos provenían del narcotráfico, igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales que operaban en las zonas bajo su control. También recibieron colaboración constante de miembros de las Fuerzas Armadas y mantuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos miembro de cada uno de los gobiernos de Colombia, con el objetivo de ganar el mayor poder militar y político en el país.
Las actividades de la organización se caracterizaron por su anticomunismo explicito y su defensa del orden conservador, siendo responsables de numerosos asesinatos y masacres de civiles y sindicalistas. Según las Naciones Unidas, las AUC son responsables de 80 % de los asesinatos de civiles en la historia moderna de Colombia.
Se han presentaron múltiples denuncias en los medios de comunicación en las que se aseguró que varios de los desmovilizados de esta organización terrorista seguían delinquiendo desde la cárcel, con el apoyo de ciertos grupos políticos de la derecha colombiana, situación por la que deberían perder los beneficios judiciales.
Tras la presión popular y mediatica, el 7 de mayo de 2008 el gobierno extraditó a Carlos Mario Jiménez Macaco a los Estados Unidos. La semana siguiente, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 13 ex paramilitares, dentro de ellos estaban varios de los máximos jefes paramilitares que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz. El gobierno dijo que habían incumplido con los requerimientos del proceso. Sin embargo, las asociaciones de víctimas de paramilitares dijeron estar en contra de dicha medida tomada por el gobierno, puesto que en los Estados Unidos únicamente serán juzgados por el delito de narcotráfico y las víctimas no se podrá acceder a la verdad y reparación histórica.
El Estado de Colombia y su vinculación al terrorismo paramilitar
En 2017, el Tribunal Superior de Medellín solicitó una investigación que resuelva la siguiente duda: ¿Uribe, como exgobernador de Antioquia, conocía las dos masacres cometidas por grupos paramilitares? Cuando se lo preguntaron a excomandantes como Salvatore Mancuso y Don Berna, la respuesta fue sí. Según el Tribunal Superior de Medellín, Uribe también deberá ser investigado por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, víctima de la banda La Terraza, responsable del homicidio, reportado el 27 de febrero de 1998. Valle Jaramillo fue uno de los abogados que denunció la arremetida paramilitar en Ituango, Antioquia y quien, antes de ser asesinado, denunció un “acuerdo tácito” entre el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina; el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán; el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez; Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno; y Carlos Castaño, comandante paramilitar.
Por este crimen es que el Tribunal Superior condenó a los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo a 30 años de prisión. Los ganaderos, señaló el tribunal, fueron determinantes en el asesinato cometido por La Terraza, banda satélite del paramilitar Carlos Castaño”. Para el tribunal, que las Fuerzas Militares permitieran la operación era un indicador de “su compromiso con esas organizaciones ilegales” (…) igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas”.
Alvaro Uribe, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que se trata de una campaña de desprestigio en su contra, fue ordenado a responder por estos casos y por otros 276 procesos que existen en su contra, dentro de los cuales están las “chuzadas” del DAS, el escándalo de Agro Ingreso Seguro, y las cuotas que habría entregado para garantizar la aprobación de su reelección en el Congreso.
El 22 de octubre de 1997, cuando las Autodefensas comenzaban a consolidarse en Antioquia. Cerca de 150 paramilitares, quienes se hacían llamar los ‘Mochacabezas’, llegaron al corregimiento El Aro, de Ituango y asesinaron a 17 personas. Tomaron el control del territorio durante 17 días, torturando públicamente a las víctimas. A una de ellas la ataron todo el día a un árbol, le sacaron los ojos y el corazón, como lo reportó el Centro Nacional de Memoria Histórica. En medio de la masacre, los paramilitares quemaron 42 de las 60 casas que había en la zona, se robaron más de 1.000 vacas y desplazaron forzosamente a 700 habitantes de la región. Durante la masacre, la Fuerza Pública nunca apareció para combatir a las Autodefensas , tampoco algún representante de la Gobernación de Antioquia, en ese entonces liderada por Álvaro Uribe Vélez.
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló Ituango durante la masacre. Dijo, además, que el secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, sabía de antemano que los paramilitares se iban a tomar El Aro. Este testimonio guarda semejanza con el del exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009. Según él, el helicóptero sobrevoló la zona mientras eran asesinados 15 campesinos. Tanto Santiago (hermano del expresidente) y Álvaro Uribe Vélez sabían de esta masacre.
En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por fracasar en la protección de los pobladores de El Aro. Dentro de las exigencias que le hizo la Corte al gobierno está la obligación de investigar a los responsables de la masacre y la reparación y garantía de seguridad para las víctimas.
El helicóptero de la Gobernación es clave en toda esta investigación, pues las condiciones topográficas de la zona dificultaban que los paramilitares viajaran a otras zonas por municiones. De hecho, el mismo Mancuso aceptó que él viajó en un helicóptero para apoyar a los paramilitares, tal como se lo ordenó Castaño. En ese helicóptero, según otros testimonios recogidos por la Corte Interamericana, habría viajado Carlos Castaño.
Justamente la presencia paramilitar en Ituango y su supuesto acuerdo con la Fuerza Pública fue denunciada por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de ese municipio. Estas denuncias, según Don Berna, fueron suficientes para ordenar el asesinato del jurista. El incitador del crimen, de acuerdo con esta versión, fue Pedro Juan Moreno, fallecido en un accidente aéreo en 2006.
Otro caso similar es el de La Granja. El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por los hermanos Castaño, incursionaron en el corregimiento La Granja, en Ituango, Antioquia, histórico bastión de las FARC. Ese día recorrieron el casco urbano, ordenaron cerrar todo el comercio, amenazaron con una limpieza social y asesinaron a cinco personas. Los torturaron y los mataron en frente de sus vecinos y familiares. La Fiscalía determinó más adelante que las víctimas no eran colaboradores de la guerrilla sino campesinos. En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón ya había solicitado investigar al senador Álvaro Uribe por su “acción u omisión” en el caso de esta masacre. Así lo dijo cuando leyó la sentencia en contra Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, excabecilla paramilitar extraditado a Estados Unidos en 2008.
Lo que sucedió en la masacre, según las víctimas en el testimonio que se presento el 1 de julio de 2006 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reúne las voces de seis víctimas de la masacre. El mismo sostiene lo siguiente:
“El Aro era un pueblo donde la gente se dedicaba al campo, al criado de ganado y donde habitaban entre trescientas (300) a quinientas (500) personas. En mula una persona puede durar seis horas para llegar a El Aro desde Puerto Escondido u ocho horas desde Puerto Valdivia. El Aro se consideraba una zona de influencia guerrillera, debido a que el ‘Nudo de Paramillo’ queda ahí, que es la unión de tres cordilleras desde donde se puede desplazar a diferentes lugares. La zona es un punto estratégico de tránsito de cuatro grupos: el Ejército, la policía, los paramilitares y la guerrilla.
Los paramilitares comenzaron a llegar “años antes” de que ocurrieran los hechos en El Aro en 1997. En 1996 hubo una incursión que llegó hasta Santa Rita. Aproximadamente dos meses antes de la masacre, llegaron al sector ‘La Esmeralda’ pero no llegaron hasta la cabecera urbana de El Aro. Los paramilitares entraban a El Aro por Puerto Valdivia. Antes del año 1994 no había en Puerto Valdivia ni Ejército ni autoridad de ley. Los paramilitares llevaban mapas de todos los corregimientos y municipios y marcaban con una equis roja aquellos que pensaban destruir.
El Aro estaba marcado con una equis roja en uno de eso mapas, lo cual fue debidamente notificado al Alcalde de Ituango y otros Concejales. Ante esta situación, ‘como dos meses antes de la toma’, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la Gobernación del Estado, la cual no fue otorgada. Las autoridades locales comenzaron a llamar ‘a toda parte, a la cuarta brigada, al batallón Girardot, hasta la fiscalía en Yarumal’.
Les respondieron que ‘no ha [bía] tropa disponible’ porque todas habían sido repartidas con propósito de las elecciones que se estaban llevando a cabo en esos días. En octubre de 1997, antes de la masacre, los paramilitares se reunían diariamente con miembros del Ejército en la zona de Cachirimé y Tarazá. Muchas familias “decían que fueron los paramilitares con el Ejército que se metieron a El Aro”. Entre los soldados identificados se encontraban los conocidos como ‘piña’, ‘el burro’ y el cabo Alzate, a quien le decían ‘Rambo’ o ‘Kamiski’.
Incluso se comentaba que el encargado del Ejército en Puerto Valdivia, se había convertido en paramilitar. Los paramilitares entraron a El Aro el 25 de octubre de 1997. Las elecciones estaban programadas para llevarse a cabo el domingo 26 de octubre de 1997. El sábado 25 de octubre se escucharon ‘ráfagas de fusil [y] muchas explosiones’. En la mañana de ese sábado ‘llegó un helicóptero blanco’ que ‘hizo unas ráfagas de tiros’ y ‘cogió rumbo al Cauca arriba’.
Al llegar unos hombres armados, estos dijeron: “nosotros somos las Auto Defensas Campesinas y necesitamos que nos vengan a acompañar un poco al parque”. Los hombres armados acusaban a los residentes de El Aro de ser guerrilleros. Estos hombres agarrraron a varias personas del pueblo y los llevaron al centro de la plaza, los insultaron e hicieron poner boca abajo, en donde procedieron a matar a varias personas.
Entre las personas muertas en esta incursión paramilitar se encontraban las siguientes: Wilmar Restrepo Torres, Mario Torres, Mario Iván, Dora Luz Areiza, Aurelio Areiza, Arnulfo Sánchez, Luis Modesto Múnera, Nelson Palacio, Alberto Correa, y Guillermo Andrés Mendoza. El domingo 26 de octubre los paramilitares dieron permiso de enterrar a los muertos. La gente que murió en El Aro era ‘gente honesta y trabajadora, que […] no tenía vinculo ni con la guerrilla ni con los paramilitares. Eran finqueros’. La noche del robo de ganado en El Aro andaban con los soldados dos personas ‘de apariencia muy extraña, los cuales no portaban el uniforme del Ejército adecuado’, vestidos en ‘uniforme camuflado, iban fuertemente armados, y su corte de pelo y apariencia no [era] militar’.
El Teniente Bolaños ordenó que cerraran todos los establecimientos del corregimiento de El Aro. Las dos personas acompañaron al Ejército a cerrar todos los negocios del área que se llama El Retén. A las cuatro de la mañana, bajaron el ganado de la finca ‘La María’ a la finca ‘El Pescado’.
El ganado provenía de las fincas entre Puerto Valdivia y El Aro, las cuales quedaron sin ningún animal. El ganado fue montado en camiones y trasladado para Caucasia. Miembros del Ejército iban arreando el ganado. Varios residentes de El Aro fueron obligados a arrear el ganado. Cuando a los 15 días fueron a ver si les pagaban, les dijeron que los iban a matar. El Gobernador de Antioquia envió un telegrama al Inspector de Puerto Valdivia solicitándole a éste que se comunicara con el Secretario de Gobierno, quien, a su vez, le solicitó que se comunicara con el comandante del Ejército del área y solicitara ayuda para recoger los ganados. Posteriormente el oficial llamó al Teniente Bolaños, quien le respondió que eran ‘unos guerrilleros, que ese ganado era de la guerrilla, que eso ya se lo habían llevado’.
El martes o miércoles posteriores a la incursión paramilitar, un oficial civil que fue testigo de los hechos informó lo sucedido al doctor Amado Muñoz, Jefe de Gobierno local, quien le solicitó que ‘no comentara nada’ y que no hiciera ningún informe al respecto. A raíz de estos hechos se desplazaron aproximadamente trescientas (300) personas hacia Puerto Valdivia. Al pasar sobre el río Cauca, los desplazados vieron soldados del Ejército en un lado del puente y a paramilitares en el otro lado. Los paramilitares les dieron la orden a los desplazados de no decir nada sobre lo sucedido en El Aro.
En Puerto Valdivia los desplazados debían inscribirse en el colegio, en donde ‘se les prestó ayuda’. Sin embargo, todos ellos ‘quedaron muy mal, porque a mucha gente le quitaron el ganado, las mulas’. ‘Todos quedaron pobres’. Mucha gente nunca regresó a El Aro. Algunos aún no vuelven por no tener garantías de seguridad. Los paramilitares continúan llevándose las bestias del área. En la oficina de inspección en Puerto Escondido, un grupo de paramilitares había usado y tirado ‘registros civiles, de nacimiento, de matrimonio […] como si fuera papel higiénico’.
La situación de los paramilitares y otros grupos, el miedo de otra masacre y la desaparición de su trabajo y forma de vida hacen que los desplazados no quieran regresar permanente a El Aro. Algunos regresaron a El Aro, otros se quedaron en Puerto Valdivia y unos fueron a Medellín”.
La parapolitica del Estado de Colombia contra los Derechos Humanos
La Parapolítica es el nombre con el que se conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos del Estado de Colombia con los terroristas paramilitares, en el marco de la posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se llama «paramilitares» a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico y políticos dirigentes de la derecha colombiana.
Como hemos visto, según las investigaciones y condenas judiciales, varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos alcanzaron cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y filtraron información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo se desató en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que desencadenaron la detención y condena de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que polarizaron la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez afectaron las relaciones internacionales de ese gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, a la vez que generaron un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del presidente Uribe quienes se acusaron mutuamente de conspiración. Igualmente se vio fuertemente cuestionada la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo.
Para el año 2013 habían sido condenados 60 congresistas, en su mayoría pertenecientes al Partido de Uribe, por sus vínculos con grupos paramilitares armados ilegales dentro de este proceso. Igualmente habían sido condenados numerosos funcionarios del Estado así como alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país, según el informe de Verdad Abierta.
Caso similar ocurre con la DAS y su vinculación a los paramilitares. El escándalo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se generó luego de que el ex jefe de informática de dicho organismo Rafael García fuera detenido por haberse comprobado que había utilizado su cargo para favorecer a grupos paramilitares y a narcotraficantes con pedido de extradición; fue entonces cuando García decidió colaborar con la justicia y realizó varias denuncias convirtiéndose en testigo clave dentro del proceso de la parapolítica, razón por la cual sería apodado por los medios de comunicación como El Ventilador. García denunció, entre otras cosas, que el ex jefe de este organismo y entonces cónsul en Milán, Jorge Noguera Cotes, habría utilizado su posición para poner el organismo de seguridad al servicio del grupo paramilitar liderado por alias Jorge 40, García también aseguro que Noguera habría facilitado la participación de este grupo en el asesinato selectivo de lideres sindicalistas del país. Al revelarse este escándalo Noguera Cotes, quien fue vigorosamente defendido por el presidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo que renunciar a su cargo en Milán y regresó a Colombia para rendir indagatoria frente a la Fiscalía General de la Nación. El 22 de febrero de 2007 fue privado de la libertad sindicado de concierto para delinquir y homicidio agravado.
Al conocerse la noticia el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró que de encontrarse culpable a Noguera el debería pedir excusas al país por haberlo nombrado. Noguera fue uno de los directivos de la campaña presidencial de Uribe en el Magdalena en 2002 y fue designado como director del DAS siete días después de la posesión de este último permaneciendo por casi 4 años en el cargo para después ser nombrado como cónsul en Milán durante el segundo mandato del reelecto presidente.
El 23 de marzo de 2007, Noguera fue puesto temporalmente en libertad gracias a que su abogado logró demostrar, según el Consejo Superior de la Judicatura, bajo el recurso conocido como Habeas Corpus, que la detención no se produjo conforme a la ley por lo que a su cliente se le había violado el debido proceso. La investigación pasó a manos del Fiscal General de la Nación Mario Iguarán quien no ocultó su descontento ante la decisión y declaró que empezaría a mirar las acciones que su despacho debía adelantar frente a esta decisión. Noguera fue recapturado el 6 de julio de 2007, tres meses después de haber sido puesto en libertad. En noviembre de 2007 la Procuraduría lo destituyó y suspendió por 18 años, según este organismo Noguera fue hallado responsable de haber colaborado con las AUC, de incrementar su patrimonio ilegalmente y de haber adulterado información para favorecer a grupos narcotraficantes. Mientras tanto la Fiscalía continuaba con el proceso penal en su contra.
El proceso siguió en curso hasta el 11 de junio de 2008 cuando la sala penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso seguido por la Fiscalía debido a que el Fiscal Mario Iguarán delegó la función de investigación cuando, según la corte, dicha función era exclusiva de él por haber sido Noguera director del DAS y por lo tanto contar con fuero constitucional. Noguera quedó en libertad a espera de que se iniciara de nuevo un juicio en su contra mientas que la Corte compulsó copias para que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes investigue al Fiscal por irregularidades en el proceso seguido a Noguera.34
En noviembre de 2011 Noguera fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 25 años de cárcel. La Corte lo halló culpable de 4 delitos incluido el de homicidio.
Durante el proceso tambien se han investigado a varios mandatarios locales, entre ellos el gobernador del departamento de Magdalena Trino Luna quien fue detenido en marzo de 2007 y fue el primer condenado en este escándalo después de que aceptara sus vínculos con los cabecillas paramilitares alias Jorge 40 y Hernán Giraldo Serna; otro de los gobernadores detenidos fue Hernando Molina Araújo gobernador del departamento del Cesar después de que el Fiscal General de la Nación encontrara méritos suficientes para ordenar su captura; el gobierno lo suspendió de su cargo luego de que Molina se entregara voluntariamente al viajar a Bogotá; según la fiscalía las evidencias indican que Molina Araújo habría tenido relación de cercana amistad con alias 'Jorge 40' ex jefe del Bloque Norte de las AUC y que dicha relación era tan estrecha que incluso pertenecía al grupo bajo el alias de Comandante 35. Se tienen pruebas de que Molina se habría favorecido políticamente para alcanzar la gobernación del departamento en las elecciones de 2003 y de la presunta recepción de millonarias sumas de la organización criminal cuando el político ocupaba el Consulado de Guatemala, también se le acusa de participación en el secuestro de una mujer perteneciente al clán político de la familia Genecco. Adicionalmente a estos casos se dictó orden de captura contra el ex gobernador del departamento de Sucre Salvador Arana, quien por meses permaneció prófugo de la justicia y era buscado por la INTERPOL, el 29 de mayo de 2008 fue capturado en Santa Marta. A Arana se le sindica de conformar grupos paramilitares en la región y de planear varios crímenes para lograr beneficios electorales.
De igual forma existen diversos casos de alcaldes de pequeñas localidades que son investigados por presuntas alianzas con grupos paramilitares, tal es el caso que ha sido comparado por la prensa con el del Pacto de Ralito, en el cual seis alcaldes del departamento de Casanare fueron llamados a indagatoria por la fiscalía por firmar un documento en el que se comprometían a ceder el manejo del 50% del dinero público del presupuesto asignado a grupos paramilitares,47 en el documento los entonces candidatos se comprometían de la siguiente forma: "Manejo por parte de la organización Acc (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 por ciento del presupuesto municipal" y "aportes del 10 por ciento de cuota de toda contratación" En el documento aparecen como firmantes 5 de los 6 implicados, debido a que, según la fiscalía, Leonel Roberto Torres Arias, alcalde de Aguazul no tuvo que firmar ya que era miembro activo de la organización paramilitar.
Actualmente el Estado de Colombia sigue usando fuerzas paramilitares contra la izquierda
En Colombia se han registrado más de 620 asesinatos de líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, según un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), por lo que ante tal panorama miles de personas marcharán este viernes en 110 ciudades de todo el mundo.
Los crímenes de líderes sociales han sido calificados como una situación de “genocidio” y alarmante por la sistematicidad de los homicidios, y ampliamente denunciados por organizaciones sociales, aunque ignorados por el Gobierno del presidente Iván Duque. En un informe del INDEPAZ, se muestra que entre el 1 de enero de 2016 y el 8 de julio de 2019, 734 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia.
Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, convertidas ahora en partido político), en noviembre de 2016, hasta la fecha, 623 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, indicó el reporte de la organización no gubernamental (ONG). De esta última estadística, 21 homicidios ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 en lo que va de este año 2019.
Respecto a excombatientes de las FARC, el informe del INDEPAZ precisó que desde la firma de los acuerdos a la fecha fueron asesinados 137 exinsurgentes: Dos en el año 2016, 38 en el año 2017, 65 en el año 2018 y 32 en lo que va de 2019.
Asimismo, 36 familiares de exrebeldes de las FARC en proceso de reincorporación han sido asesinados. 17 en el año 2017, 10 en el año 2018 y nueve en el año 2019, agregó el estudio. El documento anotó que en 28 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios en contra de personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, lo que significa que en el 87.5 por ciento de los estados ocurren casos de este tipo. En 19 de los 32 departamentos del país se presentaron homicidios en contra de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y familiares, lo que significa que en el 59.37 por ciento de los departamentos ocurren casos de este tipo. Entre el 1 de enero de 2016 y el 8 de julio de 2019, en 521 casos los líderes sociales asesinados formaban parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Los conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70.98 por ciento de los homicidios.
La prensa mediática calla sobre Colombia, mientras agita contra Venezuela y Nicaragua
Los medios de comunicación mundial, los mass media, y los países que cuestionan la falta de "estado de derecho" en Venezuela, apoyan a Duque y su plan de desplazar al gobierno de Maduro mediante injerencia imperialista, pero callan la verdad de los crimines comedidos en Colombia, de la violación de derechos humanos y el hostigamiento constante a la izquierda de dicho país. Sin ir mas lejos, en la campaña electoral de las pasadas elecciones presidenciales, Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana, un partido de izquierda progresista y humanista, sufrió un atentado mientras viajaba en su coche. El candidato de la izquierda le balearon el coche mientras el viajaba adentro, en un acto que por suerte no tuvo heridos. La prensa mundial mientras tanto publicaba artículos sobre una supuesta vinculación entre Petro y el gobierno de Venezuela, para desviar el foco del problema real, y poner en boca de todos el comodín de la derecha imperialista, Venezuela.
El nivel de encubrimiento al Estado de Colombia es tal, que la izquierda imperialista también se suma a repudiar gobiernos progresistas como el de Maduro o Ortega, dejando de lado lo que ocurre en el país que hoy preside Ivan Duque. La campaña de Anticapitalistas en Red contra Ortega, los articulos de la Izquierda Diario contra Nicolas Maduro, suelen ser tema frecuentes tratados en la categoría "internacionales". Esto quizás se deba a que muchas veces, los medios que dicen ser alternativos, suelen caer en la agenda del imperialismo, tocando y opinando sobre los temas que este quieren que toquen.
Pocos medios hablamos realmente de lo que ocurre en Colombia, pocos referentes políticos y presidentes se atreven a denunciar las violaciones de Derechos Humanos, o la presencia de bases militares de la OTAN, en este país. Mientras tanto nosotros seguiremos preguntándonos, ¿hasta cuando vamos a hacer la vista gorda con Colombia?
Queremos paz, paz para Colombia. Queremos que el Estado deje de proteger a los paramilitares que asesinan campesinos y sindicalistas hasta con motosierras. Queremos una Colombia humana. Pero sabemos que mientras el poder mediático siga encubriendo al Estado que financia y defiende paramilitares, esto sera imposible. Por eso, desde nuestro pequeño medio, Agitación, seguiremos elaborando este tipo de artículos sobre Colombia.
Fuentes:
Wikipedia
Pacifista TV
Verdad Abierta
Caracol
El Espectador
Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)
teleSUR
ONU
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