Lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que emite una resolución a favor del decreto del peronista Bordet, pero introduce una modificación. En vez de a 100 mts, como pedía el gobernador, ahora se puede fumigar a 150 mts.
Este lunes el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos avaló un decreto de la Gobernación que permite fumigar a 100 metros terrestres de escuelas rurales y 500 aéreos. No obstante modificó el decreto de Bordet, que establecía que esto sería medido “desde el centro del casco de la escuela rural”, resolviendo que ahora la Zona de Exclusión deberá medirse a partir de una barrera vegetal ubicada a 150 metros de las escuelas.
La Corte Suprema entrerriana revocó así una sentencia del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, quien a fines de septiembre había declarado inconstitucional el decreto n° 2239/19 sancionado por Bordet en agosto pasado.
Recordamos que en enero de 2018 Bordet sancionó el decreto N° 4407, que permitía la fumigación con agrotóxicos a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de escuelas rurales. Es ahi cuando comienza un enfrentamiento judicial entre el gobierno entrerriano y las agrupaciones ambientalistas.
Con este fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos permite que las grandes empresas dedicadas al agronegocio sigan enfermando a la población de Entre Ríos.
El glifosato contamina el agua, el suelo y mata a adultos y niños. La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) denunció que el 80 % de las escuelas fueron fumigadas entre 4 y 8 veces por año. Las consecuencias dan escalofríos. Un relevamiento, que se conoció en febrero del 2018, indicaba que el 55% de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones, eran entrerrianos.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), en 2017 Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes. La media nacional fue, en ese mismo año, de menos de 120 casos. Integrantes de la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos se manifestaron en contra del fallo y denunciaron que el gobierno provincial modificó la ley provincial que regula los amparos para conseguir una resolución favorable.
Hoy Gustavo Bordet es el representante del Frente de Todos en Entre Rios, sin embargo tiene un enorme archivo de políticas neoliberales, es uno de los gobernadores que acompañaron al gobierno de Macri en el tratamiento y la aprobación de la reaccionara reforma previsional y uno de los que lo acompañó a Davos a buscar la “lluvia de inversiones” que al final nunca llegó. A fines de 2017, el mandatario entrerriano fue uno de los firmantes del Pacto Fiscal, que sirvió de base para votar la reforma jubilatoria. Días más tarde, mediante sus legisladores Mayda Cresto y Juan José Bahillo, daba su aval para votar el saqueo a los jubilados en el Congreso.
Por parte de Alberto Fernández, el esta al tanto de lo que ocurre en Entre Ríos, en campaña electoral se había pronunciado respecto al fallo original al cual calificó de “loable pero desmedido”, y agrego que “Hay que cuidar la salud de los que consumen esos productos agrícolas y los que están en inmediaciones de las plantaciones donde se tiran los agrotóxicos. Pero tenemos que ser cuidadosos para que esto no se convierta en un boomerang contra la producción”.
Su posición fue clara, la de conciliador, en esa dirección pidió “buscar un punto intermedio" y dijo “Está clarísimo que debemos garantizar la salud de la gente, la salud de los que están cerca de las zonas rurales y la salud de quienes comemos esos productos antes que nada. Pero, a veces, llevar lo útil a un extremo se convierte en malo y perjudicial”, agregó.
La abogada María Fernández Benetti, que coordina la lucha judicial contra el decreto del gobierno, destacó la necesidad de encontrar un nuevo modelo productivo para Entre Ríos que beneficie tanto a los productores agropecuarios como a los habitantes de la provincia. “Necesitamos producir de una forma agroecológica y que, a su vez, que se fortalezca la actividad ganadera y que se diversifiquen los cultivos --expresó--. Necesitamos otra forma de que ingresen dólares sin perjudicar la salud de la gente”.
Para Fernández Benetti, existe “un aval científico del riesgo indiscutible” para la salud de la población, especialmente en los niños que viven en zonas rurales. “Nosotros vamos a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nuestra urgencia es que estos niños con daño genético todavía están en una etapa en la que el daño es reversible”, afirmó la abogada.
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