El presidente Alberto Fernández firmó la derogación de las medidas migratorias dispuestas por anterior gobierno, que ya habían sido objetadas por Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5 de marzo de 2021 | 10:20
El gobierno nacional derogó por inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina.
La norma puesta en marcha por el gobierno de Juntos por el Cambio había sido largamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas (ONU), que le habían pedido al Estado argentino dar marcha atrás con ella por tratarse de un retroceso en materia de política migratoria.
Del mismo modo, la norma restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".
En solo dos años de vigencia, el gobierno macrista expulsó del país a 3 mil inmigrantes y limitó el ingreso a la Argentina de muchos más que contaban con antecedentes penales. Estas medidas habían sido tomadas en clara sintonía con la política restrictiva de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.
En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio".
Cuando Macri modificó por decreto la Ley de Migraciones, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía "impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina".
Con información de Telam y Pagina 12.
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