El viernes el gobierno anuncio el acuerdo con el FMI para pagar la deuda contraída por el macrismo en 2018. Las organizaciones sociales repudiaron el acuerdo ya que significa un mayor ajuste y condicionamiento.
31 de enero de 2022 | 11:05
El Gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo stand-by tomado en 2018 por la administración de Cambiemos. Así lo comunicó este viernes el presidente, Alberto Fernández, en la apertura de los mercados, y lo confirmó el organismo internacional en un comunicado. A su vez, el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, ofrecieron detalles de lo consensuado.
El acuerdo consiste en un esquema de desembolsos durante los próximos dos años y medio atados a las revisiones de una serie de metas. Luego de los primeros cuatro años comienza la etapa de devolución de los fondos hasta completar los diez años. Las metas tienen un capítulo fiscal, monetario y de acumulación de divisas. Desde el oficialismo celebraron que no habrá "reformas estructurales" en el sistema previsional ni reforma laboral ni tampoco privatización de empresas públicas, sin embargo días antes de oficializar el acuerdo el gobierno anunció un aumento en las tarifas de luz y gas, y se esperan más ajuste para poder pagar los vencimientos.
Además, el Gobierno acordó un crédito de facilidades extendidas para poder afrontar el resto de USD 44.500 millones que recibió la administración de Macri. Esa operación tiene vencimientos por 18 mil millones de dólares este año y otros 19 mil millones de dólares en 2023, montos absolutamente impagables por el país. Para afrontar esos pagos, el FMI vuelve a prestar plata con otros plazos de devolución al gobierno, es decir que se volverá a emitir deuda con el organismo.
Lo peor de todo es que el FMI hará una revisión trimestral de las cuentas del país para ver en qué medida se viene cumpliendo lo acordado. Se trata de una instancia que históricamente ha sido muy traumática, puesto que la estabilidad cambiaría pasa a depender de las palabras del organismo, nuevo juez de la economía local.
Distintas organizaciones sociales y partidos políticos repudiaron el acuerdo afirmando que se trata de un condicionamiento de nuestra economía a las reglas del FMI, que derivaban en un mayor ajuste a la clase trabajadora.
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