En Peru se aplico Estado de emergencia e inmovilización en Lima Metropolitana y Callao por las protestas de diversos gremios que exigen la reducción del precio del combustible entre otras demandas.
6 de abril de 2022 | 10:40
En menos de 10 días el gobierno del presidente Pedro Castillo ha enfrentado paralizaciones de diversos gremios en el centro, norte y sur del país que exigen la reducción del precio del combustible y de los productos de primera necesidad, entre otras demandas. Las protestas iniciaron el pasado 28 de marzo con bloqueos de vías en las regiones de Junín, Arequipa, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Apurímac, Puno y Cusco por parte de los transportistas de carga pesada.
Aunque durante el fin de semana se anunció una tregua en el paro, el aumento del sueldo mínimo a S/1.025 (a partir del próximo 1 de mayo) y la exoneración del impuesto selectivo (ISC) al consumo al diésel y la gasolina de 84 y 90 octanos, la baja en los precios no se trasladó de manera inmediata a los grifos y, este lunes, las protestas se extendieron a, al menos, 14 regiones del país, en algunos casos de manera virulenta.
Cerca de la medianoche del lunes 4, el jefe de Estado anunció, en un breve Mensaje a la Nación, que se decretó el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, y se declaró la inamovilidad ciudadana desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. de este martes 5 de abril. La decisión, argumentó, se adoptó frente “a los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao”.
En las primeras horas del martes 5 de abril, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó —ante un juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima— un recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto el estado de emergencia, declarado por el presidente. En la demanda, Gutiérrez señala que “no se ha sustentado válidamente cómo la medida de inamovilidad permitirá proteger los derechos a la vida y a la salud de los/as peruanos/as; o los bienes jurídicos de orden público ni orden interno”.
El politólogo José Alejandro Godoy consideró que la medida anunciada por el presidente Castillo era inconstitucional y que, además, si existía algún informe de inteligencia donde se mencione la posibilidad de saqueos se podría “haber tomado otras medidas que no impliquen que toda la ciudad de Lima se vea restringida con un toque de queda”. Godoy también sostuvo que la orden dada era “desproporcionada y pone al presidente Castillo en una forma de alienación frente a su base electoral”.
En la mañana del 5 de abril, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, solicitó a través de un oficio que el presidente Pedro Castillo convoque a una sesión urgente del Consejo de Estado. “Es de rigor ético, político y normativo que nos convoque. No permita que quienes integramos el Consejo lo hagamos sin participación del Poder Ejecutivo”, señaló Barrios en la carta.
Esta reunión no oficial agrupa a las más altas autoridades del Estado peruano: el presidente, y a los titulares del Legislativo y Poder Judicial. En febrero último, frente a la crisis política, Elvia Barrios también pidió que se convoque a este encuentro.
Hasta el mediodía del martes se mantenían bloqueos en 22 puntos de vías nacionales, de acuerdo con información de Provías Nacional. Las regiones afectadas son: Piura, Cusco, Ica, Huancavelica, Huánuco, Ucayali, Amazonas y Piura. En Puno la carretera que conduce a Desaguadero tiene tránsito restringido. En las ciudades de Arequipa y Trujillo los gremios de taxistas realizaron marchas rodantes exigiendo que los grifos bajen el precio del combustible, tras la exoneración del ISC.
Sobre las 3 p.m., el mandatario Pedro Castillo y sus ministros se presentaron en el Congreso de la República para mantener una reunión con la Mesa Directiva del Legislativo y voceros parlamentarios. En esta sesión, el mandatario informó que se levantará la orden de inamovilidad social obligatoria en Lima y Callao. Poco después, abandonó el Parlamento para firmar la derogatoria de la medida, según indicó. Sin embargo, pasadas las 10:00 p.m., el anuncio no se había concretado.
Por la tarde, mientras se registraba la reunión en el Congreso, ciudadanos se convocaron para realizar manifestaciones descentralizadas en distritos de Lima, luego se movilizaron hacia la Plaza San Martín. Otro punto de concentración en el centro, fue la avenida Abancay. Un grupo de personas intentó llegar a Palacio de Gobierno y fue repelida con bombas lacrimógenas en el jirón Azángaro. Los enfrentamientos también se registran en la avenida Abancay con el jirón Miró Quesada.
Desde que comenzó el conflicto se ha registrado la muerte de cinco personas. Dos de ellas fallecieron luego de ser atropelladas en las manifestaciones del 29 de marzo, según confirmó ayer el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. La tercera víctima es un menor de 13 años que murió ahogado en el río Yacus el viernes 1 de abril, mientras se registraban enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el aeropuerto de Jauja. El cuarto deceso, al que hizo referencia el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, corresponde a un docente que no pudo realizar una diálisis a tiempo, a causa de los bloqueos en las vías de Junín.
Fuente: Ojo Público.
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