Tras el discurso de CFK, referentes de distintas organizaciones sociales plantearon su posición. Matices, diferencias, y las potenciales iniciativas para encarrilar el debate.
21 de junio de 2022 | 20:01
El rol del Estado, la autonomía del uso de los recursos, la diferencia entre las cúpulas y las bases y «los funcionarios en los dos lados del mostrador». Todo esto se puso en debate a partir de las críticas de la vicepresidenta, Cristina Fernández, que apuntó a supuestas prácticas que llevarían adelante algunas organizaciones sociales, en especial, señaló de modo indirecto al Movimiento Evita. Las respuestas llegaron rápido, desde el Evita, pero también desde movimientos que articulan con la agrupación La Cámpora, como el Frente Patria Grande, que integra Juan Grabois, y también del presidente, Alberto Fernández.
CFK hizo públicas Las críticas este lunes en el plenario de la CTA. Sus colaboradores le habían acercado en las últimas semanas testimonios de beneficiarias y beneficiarios de planes sociales que se quejaban porque sus ingresos se veían condicionados por la discrecionalidad de los dirigentes intermedios. En el entorno de la vicepresiedenta esperaban que también salieran a plantear el debate los gobernadores. Hasta el momento, se pronunciaron Cristina y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. De hecho, Larroque implementó un número de teléfono para que los y las beneficiarias que se sufran coerción por parte de sus dirigentes puedan denunciar de manera anónima.
Este martes, el ministro bonaerense fue más allá en su señalamiento. “Hubo un acuerdo con (Martín) Guzmán para bancar el ajuste”. “Yo creo que (el ajuste) contó con el visto bueno de un sector de las organizaciones, inclusive algunas que tienen funcionarios en el gobierno nacional. Hubo un pacto, del Evita y muchas más, sin dudas”, señaló en una entrevista radial.
Los movimientos piqueteros nacidos al calor del desempleo y el corte de ruta, caracterizaban esos «planes» como migajas del Estado, necesarias para sobrevivir. En plena crisis social y política de principios de este siglo, los movimientos se enfrentaban con el gobierno del presidente no electo Eduardo Duhalde, quien ordenó la represión de la que se está por cumplir 20 años, el 26 de junio de 2002, y que terminó con el asesinado de los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Esos movimientos “arrancaban” al Estado los planes para luego administrarlos con autonomía. Algunos iban para los y las beneficiarias y otros para las cooperativas, una forma de generarse su propio trabajo y no depender de un patrón. Bloqueras, carpinterías, emprendimientos textiles y gastronómicos, nacieron de aquellas primeras formas de resistencia, muchas de ellas con sistemas de democracia interna muy aceitados. Se había planteado dentro del movimiento piquetero la disyuntiva de seguir trabajando de manera cooperativa o de salir a bloquear calles para pedir empleo formal. Luego, la reactivación económica que se notó fuerte en los barrios después de 2004, emfrío ese debate.
Ahora se vuelve a plantear la disyuntiva sobre cómo implementar estos recursos y quiénes deben administrarlos. Por lo pronto, una posible salida política a este debate surgió este fin de semana. La Cámpora y el Frente Patria Grande (expresión política donde convergen varias organizaciones sociales) acordaron impulsar el proyecto de ley de creación de un Salario Básico Universal. La propuesta plantea garantizar a los trabajadores no registrados el cobro de una suma equivalente a la canasta de indigencia de un adulto –que fue de 14.401 pesos en mayo. La iniciativa había sido presentada en el Congreso Nacional, pero este fin de semana también aterrizó la Legislatura bonaerense con un panel que encabezó Grabois y el propio Larroque.
La reacción de las organizaciones
Grabois posteó que hay un programa Potenciar porque el Estado no creó trabajo con derechos. “La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos donde el Estado sólo llega en patrullero y el mercado con descarte”, escribió. También replicó el argumento de que los planes son usados para extorsionar a los desocupados: “Garcas hay en todos lados. Hoy (por el auditorio que participó del acto de la CTA) había un par ¿no?”.
Del mismo Frente Patria Grande, habló Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán. Dijo que “hay mucha dirigencia política que no nos conoce”. “Me gustaría que viniera a conocernos porque somos organizaciones que tenemos muchas unidades productivas, que generamos trabajo, que durante la pandemia sostuvimos las ollas populares para que todos pudieran comer y estamos haciendo trabajos sociocomunitarios. La dirigencia política tiene que hacerse cargo de las consecuencias que han tenido sus políticas, porque la situación para nosotros no ha mejorado”, sostuvo. Añadió que “Cristina es una figura que admiro, pero en esto opina desde el desconocimiento”. Algo similar posteó la diputada y dirigenta de la UTEP Natalia Zaracho.
También cuestionó a Cristina Daniel Menéndez, referente de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración. “Las palabras de Cristina fueron despectivas y estigmatizantes. Me parece que tuvo un tono demasiado despectivo con lo que tiene que ver con la tarea de la militancia social y los movimientos sociales-sostuvo-. No comparto lo que dijo, pero entiendo que es parte de un debate que tenemos al interior del Frente de Todos».
Por su parte, el secretario de Asuntos Parlamentarios y dirigente del Movimiento Evita, Fernando «el chino» Navarro remarcó: «Me parece que le erró al enfoque. Su mirada tiene poca valoración hacia el esfuerzo de las organizaciones. Se pasó de rosca».
Fuente: Tiempo.
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