Es prioridad “prohibir la enajenación del patrimonio e impedir la venta de las acciones” dijo José Luis Livolti, Secretario del Partido Comunista de Santa Fe y Coordinador Nacional del Movimiento Campesino de Liberación (MCL), tras las últimas maniobras de los dueños de Vicentín.
2 de octubre de 2020 | 11:14
Por Nuestra Propuesta.
“Están intentando avanzar con el vaciamiento, que es el único plan del actual directorio de Vicentín” denunció José Luis Livolti, Secretario del Partido Comunista de Santa Fe y Coordinador Nacional del Movimiento Campesino de Liberación (MCL), luego de una serie de agresiones por parte de los actuales accionistas de la empresa contra Sergio Arelovich, veedor designado por el Juez a cargo del concurso preventivo de acreedores de Vicentín. Arelovich había presentado un informe en el que se demuestra cómo nueve días antes de la solicitud del concurso, la compañía habría licuado su patrimonio en 60.822 millones de pesos.
Debido al accionar de los dueños de Vicentín y visto que el Estado, al menos por el momento, decidió desligarse del futuro de la empresa, Livolti remarcó que ahora la prioridad es “prohibir la enajenación del patrimonio e impedir la venta de las acciones”, ya que de llevarse a cabo esta maniobra, tal como viene sucediendo “en cuotas”, se perjudica el patrimonio de la empresa y el futuro de los trabajadores.
Pero este no es el único motivo, manifestó Livolti, por el que hay que detener la enajenación del patrimonio y la venta de acciones. Otra razón fundamental, argumentó, radica en los nuevos propietarios de las acciones que el directorio de Vicentín está vendiendo. Un ejemplo elocuente es el caso del frigorífico Friar, cuya propiedad fue traspasada desde VicentínFamilyGroup a Buenos Aires Financial Capital (BAF), empresa vinculada patrimonialmente a los dueños de Vicentín. Es decir, “se trata de una recompra” que al mismo tiempo es autorizada por el poder judicial, puntualizó el dirigente del PC. Por ello, afirmó Livolti, “estamos asistiendo al peor escenario que podía pasar, esto es, el de enajenar todo el patrimonio antes de la declaración de la quiebra”.
Sin medias tintas, el dirigente enfatizó que “estamos ante un proyecto de robo con altísima complicidad del poder judicial y el retiro absoluto, al menos por ahora, del gobierno”. Mientras el saqueo se lleva a cabo, los trabajadores de la Algodonera Avellaneda y de otras empresas del grupo, continúan dando batalla. Se trata de algo más de siete mil familias cuyos ingresos dependen del trabajo en las empresas del grupo. “Los trabajadores están con mil problemas, pero dan pelea y avanzan en altos grados de organización”, comentó Livolti, como es el caso de los trabajadores de la algodonera, más de 400, que recientemente se incorporaron al gremio de aceiteros porque la anterior organización gremial no los representaba.
Fuente: Nuestra Propuesta.
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