Reportan un violento desalojo a comuneros mapuches en Intendencia de Tirúa, Chile.
7 de agosto de 2020 | 11:15
Durante la mañana de este jueves se efectuó un nuevo desalojo en el marco de las protestas realizadas por el pueblo mapuche en el marco de la campaña por la liberación de los presos políticos mapuche. Esta vez, la decisión fue tomada desde la Intendencia de Tirúa y el Ministerio del Interior, en un procedimiento que fue catalogado como brutal y violento.
En este marco, desde la congregación de Jesuitas se rechazó “la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía, hoy en particular la Municipalidad de Tirúa (región del Biobío), que se encontraba ocupada pacíficamente”.
Un sacerdote jesuita que acompañaba a los comuneros mapuche fue golpeado y detenido junto a dos mapuche en el desalojo realizado por Fuerzas Especiales. Desde la congregación denunciaron que: “Carlos Bresciani y dos comuneros fueron detenidos por un grupo de Carabineros, sin provocación previa. Nuestro compañero se trasladó esta mañana hasta la municipalidad porque los comuneros le pidieron su presencia ante el inminente desalojo de fuerzas policiales y el uso desproporcionado de la fuerza”.
Agregando que: “El padre Carlos fue detenido injustamente, como lo han sido cientos y cientos de mapuche a lo largo de la historia. La violencia del Estado es el signo más claro de la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de este pueblo”.
Ademas diferentes senadores y senadoras de la oposición enviaron una carta a organismos internacionales de Derechos Humanos “con el fin de poner en conocimiento de las autoridades del sistema los graves hechos de discriminación racial en contra de personas del pueblo mapuche”.
La misiva está dirigida a José Francisco Cali, Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos.
“Nos dirigimos a ustedes en su calidad de relatores especiales en las materias del sistema de derechos humanos vinculados a las graves contravenciones que aquí hemos consignado. En específico, les solicitamos requerir información al Estado de Chile sobre los hechos descritos en esta carta y que puedan formular las recomendaciones pertinentes para que estos hechos sean investigados, se sancione a las personas responsables y se repare a las personas afectadas, buscando prevenir hechos de esta misma naturaleza hacia el futuro, erradicando estos signos de racismo y discriminación”, señala parte de la carta firmada por Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (Pais Progresista), Ximena Órdenes (independiente), Isabel Allende (PS) y Guido Girardi (PPD).
Según el senador Latorre, “creo que es urgente el diálogo entre el gobierno y voceros del pueblo nación mapuche. Los presos mapuche llevan 94 días en huelga de hambre. Los presos de Angol entraron a huelga de hambre seca. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado he propuesto esta carta e invité a los demás senadores a que la firmen, pues es urgente contar con el involucramiento del sistema internacional de Derechos Humanos para buscar una solución pronta al conflicto”.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Adolfo Millabur, afirmó que: “este alcalde no ha solicitado el desalojo. Hoy teníamos la intención de conversar con la personas que estaban haciendo uso del edificio (…) [El Gobierno] no ayuda en nada porque todo el mundo sabe que es facultad de los alcaldes.” ¿Qué expresan estas declaraciones? Nada más que la arremetida racista y represiva por parte del Gobierno, bajo la responsabilidad política directa de no sólo Sergio Giacaman, Intendente y militante de la UDI quien autorizó el desalojo, sino que también de personajes como Víctor Pérez y Sebastián Piñera.
El mismo Giacaman da cuenta de esto cuando afirma que: “pese a la negativa del alcalde de solicitar el desalojo, nosotros desde el ministerio del Interior tenemos la obligación de restituir ese bien público para ponerlo al servicio de la ciudadanía”, es decir, actuando bajo órdenes directas desde el Ministerio del Interior, representado por el amigo de Paul Schäfer y colaborador del campo de concentración y tortura, Víctor Pérez.
La situación deja a la luz una clara intención por parte del Gobierno a salir a apoyar y reproducir las acciones desarrolladas por la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), en defensa de los sectores latifundistas y empresariales. Se trata de una acción represiva que deja a la luz el profundo racismo que se mantiene en el país, funcional a preservar a una elite en el poder y los bolsillos y propiedades usurpadas por parte de latifundistas, terratenientes y empresarios.
Con información de La Izquierda Diario y El Mostrador.