Con 13 votos afirmativos y cuatro negativos, se aprobó en Entre Ríos la Ley que establece "emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional". Se trata de un ajuste que en el sector docente afectara a un 10% de trabajadores.
3 de julio de 2020 | 11:31
Por Brian Cienfuegos.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto de emergencia del gobernador Gustavo Bordet, que prevé aumentos de impuestos y aportes jubilatorios y cuestiones paritarias. El proyecto generó un fuerte malestar en toda la provincia, a tal punto que en medio de la pandemia, organizaciones y gremios docentes, estatales y judiciales, entre otros, realizaron este miércoles movilizaciones y asambleas en diferentes ciudades para rechazar el proyecto.
Mientras en Paraná y Concordia se realizaron movilizaciones, en el Congreso de Entre Ríos por 13 votos afirmativos y cuatro negativos, se aprobó la ley aprobada que establece la "emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional" en Entre Ríos y espera ser promulgada los próximos días por el Poder Ejecutivo. La vigencia de la ley será de un año, y podrá ser extendido el plazo una vez más por el gobernador, Gustavo Bordet, por otros 180 días.
Entre los artículos, la norma solicita un "esfuerzo colectivo impositivo" para "superar la crisis económica" generada "por el macrismo y la pandemia del coronavirus", según apuntó el gobernador entrerriano. La ley establece un aumento de los impuestos a las droguerías de 1,6% actual a 4%, exceptuando a "micro o pequeños contribuyentes y cooperativas".
Ademas, la norma dispone que quienes poseen más de 1.000 hectáreas deberán aportar un 10% del impuesto inmobiliario anual que pagan en 2020 y 2021, y también una "contribución especial" del sector financiero y bancario, "el que más se benefició en los últimos años", según justificó Bordet. Respecto al sistema previsional, la ley establece un aumento de aportes de activos a la Caja de Jubilaciones que comprenderá a quienes perciban más de $75.000 y que va del 16 al 22%.
Para justificar el ajuste, el gobernador peronista Bordet dijo que "pagarán todos: funcionarios políticos, legisladores y jueces, no solamente trabajadores". Como si fuera lo mismo aplicar un ajuste a funcionarios que ganan mucho mas que los trabajadores.
La ley establece también un "aporte solidario extraordinario" por el tiempo que se prolongue la emergencia en las jubilaciones superiores a 75.000 pesos, que será entre un 4 y 10%. Finalmente, la norma suspende la aplicación de "todos los dispositivos de actualización de haberes" del Estado provincial, y determina que los próximos aumentos serán "dispuestos por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias".
"Por ejemplo, si se decide en paritaria que el aumento sea del 10%, será ese porcentaje para un maestro, enfermera, juez, legislador o funcionario, todo con igualdad", concluyó.
Estas últimas dos modificaciones generaron el rechazo de numerosos gremios estatales, docentes y de magistrados que se movilizaron y convocaron a asambleas y marchas en diferentes ciudades de la provincia. También la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, lamentó el resultado de la votación que posibilitó convertir en Ley el proyecto elaborado por el Ejecutivo, de Emergencia Solidaria. Destacaron que “se trata de una actitud velada para modificar el 82% por ciento móvil”, y señalaron que el Gobierno olvidó la propuesta de diálogo sobre el sistema jubilatorio.
En el sector docente hubo un fuerte rechazo con movilizaciones a casa de gobierno. "Se trata de un proyecto que representa un nuevo ataque a los trabajadores", dijo el docente Máximo Deshayes en dialogo con la agencia Telam, tras participar de la actividad en la capital entrerriana frente a la Casa de Gobierno. Ademas pidió "profundizar el plan de lucha por parte de los trabajadores para parar este ajuste".
El proyecto de ajuste de Bordet recibió la negativa de 18 Federaciones y Sociedades Rurales de Entre Ríos, de la CGT nacional, de la Federación Argentina de la Magistratura, La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, entre otros.
Desde el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE), usaron como argumento que del total de 38.575 docentes de la escuela pública y la de gestión privada, solamente 3.968 tienen salarios superiores a 75.000 pesos, lo que significa un 10,29%. Por lo que el ajuste recaería según ellos sobre un 10% del sector docente.
Según Martín Müller, director del CGE, La Ley de Emergencia se trata de “un esfuerzo que no es para todos sino para un sector reducido y por un monto mínimo, un esfuerzo solidario y progresivo, que va atado a la capacidad contributiva y por el que sólo se verán afectados los cargos jerárquicos en Educación y otros sectores del empleo público”.
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